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Por el Derecho Humano al Agua en el Día Mundial del Agua

El 22 de diciembre de 1992, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los países y organizaciones internacionales a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequibles para todos.

Sin embargo Chile no cuenta con un Plan Nacional de las Aguas, ya que desde 1981 a través el Código de Aguas de 1981 el cual “fue creado en un contexto agrícola, con una visión extractivista” ha sido la principal razón que de las 101 cuencas hidrográficas 75, entre el 2008 y 2015, se hayan decretado con escasez, y que hasta el 2018 hay más de 2 millones de habitantes sin libre acceso al agua potable. Este escenario pone en jaque las necesidades prioritarias del Estado y también pone en alerta a las grandes trasnacionales extractivistas que son los que concentran la mayoría de estos derechos de propiedad, y son quienes han impulsado las reformas sustitutivas al código de aguas asegurando el carácter privado de este “bien común”.

Actualmente el proyecto de reforma al Código de Aguas, que se tramita en el Congreso, plantea en uno de sus artículos, que el 10 por ciento del vital elemento, que aún no se ha otorgado cómo derecho privado, se debe entregar en concesión con caducidad a 30 años y renovable. El 90 por ciento restante, ya privatizado a partir de 1981, no se toca.

Que los derechos de agua sean privados impide al Estado tener un rol activo dentro de la fiscalización, gestión y control de las aguas que se utilizan en las diferentes cuencas hidrográficas. Aspecto que lo mantiene como un poder pasivo frente a la acción de los privados que utilizan su propiedad de derechos para gestionar, según sus intereses y en desmedro de las comunidades, quienes en diferentes lugares de Chile deben recibir el recurso vital por medio de camiones aljibes, generando un escenario crítico y un nuevo mercado del agua.

¿Qué es necesario hacer en este contexto?

Diferentes movimientos sociales y comunidades en resistencia se han articulado en torno a la lucha por el agua con el objetivo de derogar el Código de Aguas y los diversos instrumentos privatizadores, poniendo fin al lucro y a la actuación mercantilista sobre la naturaleza, garantizando el buen vivir y la soberanía territorial y alimentaria. Es por ello que es fundamental ampliar dispositivos legales, como por ejemplo la aplicación del Convenio 169 de la OIT en la DGA (Dirección General de Aguas) en todo el sistema de impacto ambiental, poniendo fin al decreto Ley 701 y a la asignación de recursos monocultivos, entre otras medidas. El agua y la tierra son indivisibles, y por lo tanto deben ser derogados los instrumentos que fracturan este principio elemental, como el Tratado Binacional Minero, de modo que el agua deje de ser un derecho empresarial inalienable.

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